La administración de la Provincia tiene o cree tener la solución a su crisis económica-financiera.
Por el Lic. Miguel Alfredo Funes, Asesor de la FELP,
Los numerosos reclamos de sectores que la Provincia les adeuda como ser, los docentes provinciales, médicos, judiciales, proveedores del Estado y otros que deberán ser contemplados en el presupuesto provincial 2010 y crearan a no dudarlo un fuerte déficit y una necesidad de financiamiento estimada en cerca de 10.700 millones de pesos.
Además sigue sin resolver los reclamos del campo, que agregado el impuesto a la carga y descarga portuaria de mercaderías, castiga, distorsiona, y cercena a los sectores de la producción y aleja, restringe posibilidades de iniciar y/o continuar un proceso de desarrollo social.
Continúa el Estado Provincial con impactos tributarios distorsivos, no satisfacen los servicios sociales sensibles y estratégicos para seguir un desarrollo sostenido, como por ejemplo, la educación a todos los niveles, la salud y la seguridad.
Las consecuencias negativas del aumento de la presión tributaria, sin tener en cuenta la situación critica actual, generada por la baja en la recaudación propia provincial, la pérdida de la participación en el sistema de coparticipación federal. Todo ello, sin tener la menor idea de dónde van a surgir los recursos, crea una distorsión financiera sin solucionar las cuestiones de fondo.
En el presupuesto se continua con el sistema de subejecucion de las partidas, ni tampoco se sostiene en el tiempo los índices necesarios para evitar la pobreza, la inseguridad y la salud, todo ello generando atraso de pago de proveedores (atraso promedio de varios meses) y de profesionales en sus haberes (precarios a todos los grados) y bajo un plan de lucha, que no se resuelve, ni se encara con la seriedad que el caso requiere.
Que no decir de la actuación de ARBA en el revalúo inmobiliario que aplica desde Mayo/2009 en toda la jurisdicción bonaerense. Además ha conseguido incorporar al Código Fiscal, desnaturalizando el sistema de “declaración jurada”, basado en los elementos que constituyen la propiedad inmueble (urbano o rural), asentada ya sea sobre terreno y/o propiedad horizontal, por un sistema estimativo llamado, “valor inmobiliario de referencia” que refleje un valor económico de dicho bien en el “mercado comercial” con el solo fin de aumentar el impuesto (llenar la Caja, para cubrir el presupuesto).
Que no decir de los gastos corrientes, que se ha perdido de vista “el control de los gastos generales”, no obstante esta situación el Ministerio de Economía, sostiene que para el año 2010 se buscará obtener de los mercados nacionales e internacionales, financiamiento y pretende emitir letras de tesorería por 2500 millones de pesos y además bonos de cancelación de deuda (ya hace varios meses que lleva la Provincia de atraso en los pagos).
Para cubrir las letras de tesorería se recurrirá a fondos previsionales (los beneficiarios, jubilados y pensionados, se resisten a aceptar tal hecho).
Se planea obtener nueva asistencia financiera con una probable reestructuración de la deuda total de la Provincia, que actualmente se estima en 40.000 millones de pesos. Qué dice el Gobierno Nacional con respecto al aumento de la Coparticipación Federal? No se sabe, total silencio.
En mi opinión, considero que se sigue un camino equivocado al no dar prioridad a una reactivación productiva, industrial, y fomentar el comercio PYME, buscando inversiones directas que apuntalen un desarrollo sostenido, y no el ntento de apagar incendios. Finalmente, digo que buscar que le aprueben en la Provincia ampliación de gastos del Presupuesto, es una alternativa de mínima validez y dejando de lado al compromiso adquirido, por la ley de Responsabilidad Fiscal afectará gravemente la administración que se tiñera de rojo vivo.
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